18/8/17

Durísimos cuestionamientos al juez de La Paz que dejó presos a los policías

El juez del Tribunal de Juicio, José María Chémez, resolvió declarar nula, dejándola sin efecto, a la resolución del juez de Garantías de La Paz, que privó de la libertad ambulatoria a ocho policias.

El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, José María Chémez, resolvió ayer declarar la nulidad, dejándola sin efecto, de la resolución del juez de Garantías subrogante de La Paz, Raúl Flores, que dispuso la prisión domiciliaria de los ocho efectivos que están acusados de quemar a un joven de 22 años que estaba detenido en la jefatura Departamental de Policía local. El hecho ocurrió el 16 de abril, pero Flores dispuso, a pedido de Fiscalía, la prisión domiciliaria de los ocho efectivos por veinte días, más de tres meses después de iniciada la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

Incluso, se destacó que la nulidad de la resolución sin fundamentos de Flores sucede a cinco días de la culminación de la medida de coerción.

Chémez resolvió hacer lugar a los pedidos de los defensores Miguel Ángel Cullen, Rubén Pagliotto, Damián Pettenati y Daniel Rosatelli, que apelaron la resolución de Flores. Las defensas cuestionaron la falta de fundamentación de la medida y la inoportunidad de la misma. Además, decidió no adoptar ninguna medida cautelar sustitutiva, como podría ser la prohibición de acercamiento a la víctima y testigos, porque los fiscales no estuvieron presentes en la audiencia para pedirlo. Así, los efectivos continuarán vinculados al proceso pero en libertad.

Carencia. “Acá no hace falta siquiera entrar a analizar si esos extremos” comenzó a fundar su decisión Chémez, en referencia a la falta de argumentos que funden la existencia de los denominados riesgos procesales, de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, añadió que “salvo alguna alegación no demasiado clara de la Fiscalía en cuanto a que podría haber algún entorpecimiento, el juez no lo ha evaluado concretamente, y creo que tampoco Fiscalía, en qué medida podrían haber algún entorpecimiento”. Chémez sostuvo que “el auto carece de fundamentación suficiente, no se ha evaluado. Tengo que deducir que el peligro de fuga no lo han analizado y se ha tratado de poner énfasis en el peligro de entorpecimiento de la investigación, pero en definitiva no se ha fundamentado respecto a esto, no se ha analizado, no se ha analizado cuáles son las circunstancias concretas”.

Sistema. El magistrado también acogió las observaciones de las defensas relacionadas con que trascurrió largo tiempo desde que comenzó la IPP y que luego de tres meses de iniciada aquella, se ordenó la medida de restricción de la libertad en la versión morigerada. También explicó que “el nuevos sistema debe significar más agilidad, menores trabas, pero no menos garantías. Las garantías son las mismas, el Código es expreso en su artículo 335 cuando habla de la restricción de la libertad como excepción, marcando los dos casos para fundamentar una prisión preventiva”.

Nula. Tras analizar los alegatos de las defensas, manifestó: “Por esta razón considero, atento a la falta de fundamentación de un acto de tanta trascendencia como es dictar una medida cautelar que significa una restricción de la libertad ambulatoria, debo decretar la nulidad de la resolución por el auto dictado por el doctor Raúl Flores, en cuanto hacía lugar al pedido de la Unidad Fiscal y había dispuesto la prisión domiciliaria de las personas imputadas en esta causa, por lo tanto resuelvo decretar la nulidad y dejarla sin efecto”.

Sustancial. Cullen realizó un fuerte cuestionamiento a la resolución al señalar que “no se trata de una audiencia meramente formal, tal vez se trate de una audiencia cuyo resultado tenga incidencia directa en todo el sistema judicial. Porque si avalamos la posibilidad de privar de un derecho constitucional, como es la libertad ambulatoria, sin ningún tipo de fundamentación estamos dando por muerto el sistema republicano de gobierno” resaltó el letrado. Así, opinó que la audiencia era “súper sustancial”, porque entendió que de recibir una resolución favorable el dictamen de Flores, “se abre la puerta para que cualquier juez pueda privar de cualquier derecho constitucional por su solo arbitrio, y eso no lo debemos permitir aunque falte un día para el cumplimiento de la prisión domiciliaria, porque no sólo se está atacando la privación de la libertad ambulatoria, se está atacando la posibilidad de que en Entre Ríos se apliquen resoluciones que suspendan o restrinjan derechos constitucionales sin ningún tipo de antecedentes legales, incluso yendo en contra de antecedentes jurisprudenciales”.

Cullen cuestionó que la resolución de Flores “no está fundamentada, por lo que las defensas no saben qué tienen que atacar, no tienen de qué defenderse” y resaltó que “a más de tres meses del hecho el fiscal pudo investigar libremente y sentar en el banquillo de los acusados a nuestros defendidos, eso es la comprobación más clara de que no hubo entorpecimiento”. También criticó que “los defensores tenemos que hipotetizar los argumentos que posiblemente haya tenido en cuenta el juez” al hacer lugar al pedido del fiscal de La Paz. Así, solicitó que la resolución debía “anularse porque no se trata de un acto republicano de gobierno y porque es imposible ejercer el derecho de defensa sobre algo que no se conoce cuál es la fundamentación”.

Reintegrados
Desde la prensa oficial de la Policía de Entre Ríos se emitió un comunicado a los medios, donde además de explicar la nulidad de la medida, agregaron que el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná dispuso la inmediata libertad de los policías, “en virtud de lo cual los ocho funcionarios fueron reintegrados a sus funciones” en la Departamental La Paz.


Fuente: El Diario

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