La Agrupación Las Bases agradece la presencia de los legisladores Julio Solanas, Sergio Castrillon y Amilcar Genre Bert, quienes participaron el pasado 10 de julio de 2020, del Conversatorio propuesto por nuestro Centro de Estudios Sociales y Políticos para comprender y analizar los alcances de la Ley de Emergencia Solidaria. El mismo se realizó a través de conferencia virtual-
Los legisladores coincidieron en que el Covid-19 que generó una Pandemia de escala mundial, obligando a las autoridades nacionales y provinciales a declarar el “aislamiento y distanciamiento social obligatorio” (conocido como cuarentena), lo que ha permitido salvar numerosas vidas y darle tiempo a nuestras autoridades nacionales y provinciales para preparar al sistema de salud para hacer frente a esta encrucijada. No obstante, las consecuencias económicas que provoca la Pandemia se han dejado sentir en una caída de la recaudación fiscal provincial que supera el 50 %, todo esto en un contexto nacional y provincial, que aún no había podido retomar el camino del crecimiento económico.-
Sentada la necesidad de efectuar el dictado de una ley que Declare la Emergencia en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional, a fin de que el Estado Pueda continuar cumpliendo con sus obligaciones en este contexto de pandemia, se dispuso la creación de fondo solidario, y, progresivo –alcanza a los sueldos más altos- a fin de hacer frente al déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, asegurándose los siguientes aspectos:
Asegurar el 82 % móvil del sistema previsional, una conquista del conjunto de los trabajadores entrerrianos inmodificable
Asegurar la estabilidad del empleado público. No debe haber un solo trabajador despedido.
Pagar en tiempo y forma todos los sueldos y aguinaldos de la administración pública
Disponer de ese esfuerzo solidario del conjunto social únicamente para cubrir el déficit de la Caja Previsional, esto es, la recaudación extraordinaria no puede ser utilizada con otro fin que no sea hacer frente al pago de jubilaciones.
Fue esclarecedor entender algunos otros aspectos que limitaron mayores gravámenes sobre otros sectores no asalariados (capital financiero, agrario, etc.), como es la Ley Nacional de Consenso Fiscal que establece las escalas máximas permitidas a gravar para cada sector. No obstante, se impuso la restricción a estos sectores de no poder realizar deducciones que perjudiquen la recaudación fiscal.
En relación al déficit permanente de la Caja Previsional, tema álgido pero necesario de afrontar en salvaguarda de los derechos ya adquiridos, los legisladores fueron contundentes: es un derecho adquirido para lo cual hay que “cuidar” la Caja de Jubilaciones. Se explicaron las siguientes
controversias:
“Ley de enganche” del Poder Judicial, que “ata” los sueldos de la justicia provincial a los salarios que alcance la justicia nacional, pero cuyas jubilaciones se pagan con la recaudación y fondos provinciales.
Déficit recurrente de 14 millones de peso anual, esto es, un 13 % del presupuesto provincial se destina a cubrir dicho déficit.
Se informó de la existencia de jubilaciones que superan los 600 mil pesos mensuales.
Se explicó la relación entre el porcentaje de aporte por trabajador y el porcentaje del 82 %
móvil que cobra el jubilado. En la actualidad se necesitan 5 activos para cubrir un pasivo.
El aporte es de los más bajos a nivel nacional, y la jubilación es de las más altas.
Se comentó de casos puntuales de trabajadores que se pasan a la Caja provincial durante los últimos años para recibir este beneficio.
Se especificó que la Ley Nacional permite deducir hasta el 22 % del salario como aporte previsional. Entre Ríos, se encuentra muy por debajo de dicho porcentual.
Se mencionó los distintos esfuerzos para generar diálogo para encontrar una solución sustentable al déficit de Caja.
Destacaron que si bien los sueldos del Poder Legislativo tienen una incidencia menor en el total de los sueldos del sector público, desde que asumieron se “bajaron” tres veces sus salarios, en lo que sería según lo manifestaron los Legisladores un hecho casi inédito, pero con plena conciencia de la situación actual y de la necesidad de dar ejemplo de solidaridad con el conjunto social.
Por otra parte, manifestaron que se encuentran en análisis otros proyectos de ley que le permitan al Estado ser ese agente económico activo, eficiente y dinamizador de la economía provincial, tal es el caso en estudio de los recursos mineros de la provincia y de los recursos energéticos.
A continuación, los siguientes cuadros ilustrativos con los aspectos más relevantes de la Ley.-
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